En un término de 180 días el Congreso de Estados Unidos deberá tener un informe detallado sobre las circunstancias que rodearon el magnicidio del entonces presidente de Haití, Juvenal Moise, ocurrido el 7 de julio del año pasado en Puerto Príncipe, capital de la isla.

La orden le llegó por unanimidad al Departamento de Estado, que cumplir exactamente este plazo a fin de determinar si hubo interferencia en la investigación oficial, y si alguno de los responsables del crimen trabajó en algún momento para el gobierno estadounidense.

A principios de este nuevo año, la Fiscalía estadounidense acusó al exsoldado colombiano, Mario Palacios, de participar activamente en la conspiración para secuestrar o matar a Moise, en una operación en la que murieron tres mercenarios colombianos y otros fueron detenidos.

Aún persisten interrogantes sobre el móvil del asesinato de Moise, quien había prolongado su mandato en medio de gran polémica, ya que la oposición estimaba que había concluido en febrero

La ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos respecto a la situación haitiana, también exige que el Departamento de Estado informe sobre el manejo de los derechos humanos y el uso de la ayuda desde el terremoto que devastó al país en 2010.

En este momento Haití es un país con un parlamento controvertido desde hace dos años, y con un poder judicial paralizado, y además es el más pobre del Caribe que se hunde en una crisis de gobernanza.

El creciente control de las pandillas sobre el territorio nacional lastra las esperanzas de una mejora de las condiciones de vida para la población, víctima de secuestros cometidos a diario por bandas armadas.